Juan A. Gonzalez

Consultor de Naciones Unidas

Las inundaciones en Tucumán no son un problema nuevo ni inesperado. En realidad, forman parte de la historia misma de la provincia. Tanto es así que la ciudad original de San Miguel de Tucumán, fundada en Ibatín en 1565, debió ser trasladada a su ubicación actual en 1685 en parte debido a los problemas recurrentes de anegamiento y condiciones sanitarias asociadas al agua. Desde entonces, el desafío de convivir con un territorio atravesado por ríos de montaña y crecidas repentinas ha sido una constante.

A lo largo del tiempo, la provincia ha debatido repetidamente cómo controlar ese sistema hídrico complejo que nace en las laderas del Aconquija y desemboca en la cuenca del Salí-Dulce, el eje hidrológico central del noroeste argentino. Sin embargo, los diagnósticos se repiten y las soluciones estructurales suelen quedar postergadas.

Un ejemplo histórico aparece incluso en la prensa. Cuando el presidente Agustín P. Justo visitó Tucumán en la década de 1930 para inaugurar el dique de Escaba, el diario LA GACETA ya señalaba que las obras hidráulicas estaban vinculadas al problema de las crecidas e inundaciones de la provincia. Es decir, hace casi un siglo ya se hablaba de la necesidad de regular los ríos y controlar las crecidas que afectaban a las poblaciones y a la producción agrícola. Décadas después, el problema seguía presente.

Durante los años 90, Tucumán volvió a estar en el centro de debates sobre infraestructura hídrica y gestión de cuencas. En ese contexto, la Provincia gestionó un importante financiamiento internacional del Banco Mundial. En 1997 se aprobó el préstamo BIRF 4221-AR, conocido como Second Provincial Reform Loan – Tucumán, por un monto cercano a 100 millones de dólares. Este crédito formaba parte de los programas de reforma provincial impulsados en la Argentina durante esa década y fue negociado durante la gobernación 1995-1999. Antes de su aprobación, misiones técnicas del Banco Mundial visitaron Tucumán entre 1996 y 1997 para evaluar la situación fiscal de la provincia y analizar sectores estratégicos como infraestructura, servicios públicos y gestión del agua.

Entre los temas analizados aparecía nuevamente el mismo problema histórico: el manejo de la cuenca del río Salí-Dulce y sus afluentes, entre ellos los ríos Medina, Gastona y Marapa. Los informes técnicos señalaban dificultades estructurales como erosión, sedimentación, contaminación industrial e inundaciones periódicas, además de crecidas rápidas en el piedemonte de la Sierra del Aconquija.

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Las discusiones incluían proyectos de canales de drenaje, defensas contra inundaciones, regulación de escorrentías y mejoras en los sistemas de riego, además de reformas institucionales para modernizar la gestión del agua y el monitoreo ambiental. Es decir, el diagnóstico era claro: Tucumán necesitaba una planificación integral de sus cuencas hídricas.

Cuánto se hizo de las obras mencionadas, lo desconocemos.

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En el año 2000 la entonces Diputada por Tucumán Olijela del Valle Rivas presento un proyecto (orden del día 995) solicitando que se declare la emergencia hídrica y de infraestructura en Tucumán y se contemplaba la recuperación de la infraestructura dañada por las inundaciones, incluyendo la reconstrucción de puentes, rutas, obras hidráulicas menores, redes de agua y cloacas, centros de salud, escuelas y otros servicios afectados y además la ejecución de obras estructurales para prevenir futuros daños por lluvias extraordinarias, mediante la sistematización de la cuenca del río Salí–Dulce. Sin embargo, casi 30 años después, muchas de esas obras siguen esperando.

Herramientas legales

La paradoja es que la Provincia cuenta incluso con herramientas legales para abordar el problema. La Ley Provincial Nº 7.696 de Bienes Inundables (año 2005) establece un régimen de uso del territorio en áreas afectadas por crecidas. La norma prevé identificar cuatro tipos de zonas: cauces y cuerpos de agua permanentes, áreas de evacuación de crecidas, zonas con riesgo de inundación y áreas donde la forestación debería ser obligatoria para estabilizar el territorio. El espíritu de la ley es claro: ordenar el uso del suelo respetando la dinámica natural del agua. Pero existe un problema fundamental: la ley nunca fue reglamentada, y las áreas que deberían estar identificadas y cartografiadas aún no cuentan con un sistema territorial actualizado.

De este modo, Tucumán vive una paradoja que se repite en su historia: diagnósticos conocidos, financiamiento internacional disponible, marcos legales existentes y, sin embargo, una planificación territorial que avanza lentamente frente a un problema que lleva siglos. Mientras tanto, cada temporada de lluvias vuelve a recordar que los ríos del piedemonte no entienden de decretos ni de plazos administrativos.

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La historia lo demuestra: desde el traslado de la ciudad desde Ibatín, pasando por los debates sobre el dique de Escaba en tiempos de Justo, hasta los préstamos internacionales de los años 90, las inundaciones forman parte de una larga deuda pendiente en Tucumán. Una deuda que no es solo hidráulica. Es también institucional, territorial y política. Y que sigue esperando soluciones a la altura de un problema que la provincia conoce desde hace más de cuatro siglos.